La Junta replica al Gobierno que no vulnere su autonomía «en las políticas de natalidad» (El Norte de Castilla, 16 Ene. 2023)
Sobre “las políticas de natalidad” tendremos ocasión de hablar en otro momento. El foco está puesto sobre el aborto, cuestión ésta que tendrá próximamente un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así que lo dejaremos para entonces.
Porque, aunque se esté polemizando sobre el aborto, el trasfondo jurídico de la noticia que encabeza esta leguleyería es hasta qué punto Castilla y León puede establecer, según sus competencias, un protocolo y en qué medida puede el Gobierno de la nación prohibirle que lo haga.
Tengo la sensación de que, en general y pese a la descentralización autonómica, los españoles seguimos sin tener muy claro que hay competencias atribuidas de forma exclusiva a las Comunidades Autónomas.
Veremos cómo determina la Constitución cuáles son las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y a quién corresponde el control del ejercicio de esa autonomía.
Para empezar, debemos tener claro (art. 149.3 CE) que las Comunidades Autónomas pueden asumir la competencia sobre todas las materias que la Constitución no atribuye exclusivamente al Estado. De manera que las normas del Estado solo prevalecen sobre las de la Comunidad Autónoma si ésta no tiene atribuida la competencia en exclusiva.
Aquí estriba, en realidad, el trasfondo jurídico de la noticia de hoy, así que usaré esta noticia a modo de ejemplo. La cuestión es que el Gobierno ha requerido a Castilla y León para que se abstenga cualquier actuación que invada competencias estatales, en concreto se refiere a dos materias: la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos (art. 149.1, 1ª CE), por una parte, y, en segundo lugar, las bases y coordinación general en materia de sanidad (art. 149.1, 16ª CE).
Desde luego, el tema de la competencia respecto a sanidad es, cuando menos, controvertido. Debemos tener en cuenta que se trata de una materia respecto de la cual Castilla y León tiene competencia exclusiva (art. 148.1,21ª CE y art. 74 EACyL) “sin perjuicio de las facultades reservadas al Estado”.
Pues bien, lo que la Constitución reserva al Estado en materia de Sanidad (art. 149.1, 16ª CE) no es más que las “bases y coordinación general”. Esto entronca con la otra competencia exclusiva del Estado a que se refiere el requerimiento del Gobierno a Castilla y León, esto es, “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos” (art. 149.1, 1ª CE).
En consecuencia, la Comunidad Autónoma sí tiene que atenerse a unas condiciones básicas y a la coordinación establecida por la legislación estatal, pero eso no puede traducirse en una merma su competencia exclusiva sobre la materia.
En fin, todo muy enrevesado ¿verdad? Veamos si consigo ilustrar el tema centrándome en la cuestión concreta de la interrupción voluntaria del embarazo que motiva hoy nuestra noticia.
Existe un precepto estatal (art. 17 LO 2/2010) que regula la información que deben recibir las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, incluso existe un Decreto (RD 825/2010) que determina el contenido de esta información; sin embargo, si se da esa información básica, ¿por qué no puede ofrecerse mayor información adicional? Recordemos que la polémica estalló cuando el vicepresidente autonómico anunció que en Castilla y León se ofrecería a la embarazada escuchar el latido fetal y hacerle una ecografía 4D.
En realidad, las circunstancias que han encendido la controversia son que esa información adicional se presentase calificándola como “propuestas provida” por parte de un vicepresidente autonómico que es de Vox; pero, ya sabes, mi propósito con leguleyerías es la divulgación jurídica, así que permíteme que separe el grano de la paja y vuelva a si una Comunidad Autónoma tiene competencia para algo así.
Volvamos a la ley estatal “de la interrupción voluntaria del embarazo”, donde se establece (art. 17.4 LO 2/2010) que “en todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer (…) específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo”. Teniendo en cuenta este precepto ha de interpretarse como “regulación de condiciones básicas” (art. 149.1, 1ª CE) y “coordinación general” (art. 149.1,16ª CE), que son las competencias reservadas en exclusiva al Estado, y dado que Castilla y León tiene competencia exclusiva en materia de sanidad (art. 148.1,21ª CE y art. 74 EACyL), no parece tan descabellado que la Comunidad Autónoma pueda establecer, en su normativa propia, el ofrecimiento de información adicional, siempre y cuando, claro está, se cumpla con el contenido básico establecido por la ley estatal.
De todas formas, controlar si la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ajusta o no a la Constitución es algo que corresponde al Tribunal Constitucional (art. 153,a CE), así que habrá que esperar a que éste se pronuncie, si es que, finalmente, el Gobierno llega a plantearle el conflicto al que aludió en su requerimiento.
Recuerda que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus respectivos Estatutos todas las competencias que la Constitución no reserva en exclusiva al Estado y que al Estado le corresponde, por ejemplo, regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Será, en definitiva, el Tribunal Constitucional quien controle el ejercicio de esa autonomía.
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